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Actualizado el Jueves 25 de Marzo de 2010


ARN Diario

El titular de Diputados criticó los privilegios de los jueces


Para Jorge Tanús, “sería equitativo que también los magistrados reflexionaran sobre los beneficios que poseen”. Esta reacción fue tras el rechazo popular a la jubilación especial para los legisladores.

Si la reacción popular hizo que los legisladores provinciales se vieran obligados a dar marcha atrás en el intento por conceder se una jubilación especial, lo mismo tendría que ocurrir con relación a los jueces, que cobran jubilaciones calculadas sobre la base del 82% de sus haberes.

Este es el planteo que ayer instaló el presidente de la Cámara de Diputados, Jor¬ge Tanús, para trasladar la discusión hacia las jubilaciones del Poder Judicial. “Los magistrados deberían hacer una reflexión ética sobre sus privilegios”, plan¬teó Tanús.

“Si nosotros accedimos a hacer un cambio por el reclamo popular, sería equita¬tivo que también los magistrados reflexionaran sobre todos los privilegios que ellos tienen”, se arriesgó a plantear.

Entre ellos, el presidente de la cámara recordó que “los jueces también se jubi¬lan con el 82% del sueldo gozado en la actividad, tienen sueldos muchos más al¬tos que el gobernador y sus ministros, son perpetuos en sus cargos y cobran an¬tigüedad aun después de haber superado la edad para jubilar e ( ver aparte). Además no pagan Impuesto a las Ganancias y no hacen el aporte a OSEP como sí lo hace el resto de los funcionarios provinciales. Esto es una acumulación de riqueza”, resumió Tanús.

Según los números proporcionados por la Subsecretaría de Hacienda, el Go bier¬no gasta $5,9 millones por mes en pagar el sueldo de los 384 jueces que tiene la provincia, según el cálculo actualizado al mes de enero. Es decir que en prome¬dio cada juez cobra $15.600, aunque es te cálculo va ría de acuerdo con la anti¬güedad que cada uno tiene, superando en muchos casos los $20.000.

Según esos mismos números Tanús comparó que la Provincia gasta $77, 4 millo¬nes anuales en el pago de los sueldos de los 384 magistrados. Pero si esos ma¬gistrados ganaran lo mismo que ganan los legisladores, es decir $9.191 mensua¬les de bruto y cerca de $7.000 de bolsillo, la Provincia gasta ría $45,8 millones anuales. Es decir se ahorraría $31,6 millones.

Pese a las críticas, los beneficios salariales de los que hoy gozan los jueces son considerados garantías constitucionales que permiten asegurar la independencia de los magistrados en su accionar, por lo tanto es difícil creer que ellos mismos podrían decidir bajarse el sueldo.

Una de las alternativas que propuso el propio Tanús es replantear la ley de suel¬dos con el fin de “emparejar la escala” que nace con el gobernador y termina con los empleados públicos. “Hoy no puede ser que los jueces cobren más que el gobernador, que es la máxima autoridad de la provincia. Yo –dijo Tanús– tengo más o menos la misma responsabilidad que el presidente de la Corte, Alejandro Pérez Hualde, pero él cobra por lo menos tres veces más que yo”, comparó el presidente de la cámara.

Farruggia habló por los jueces

El Poder Judicial prefirió mantener el silencio con relación a las críticas. Ante la consulta de Diario UNO se in formó que no había intención de polemizar.

Consultado por el tema, Orlando Farruggia, titular de la Asociación de Magistra¬dos, sostuvo: “No voy a polemizar con el diputado Tanús. Lo que sí hay que de¬jar en claro es que la situación jubilatoria del Poder Judicial respecto al Poder Le¬gislativo son dos situaciones incomparables”.

Los jueces siempre se han jubilado con el 82%. Cuando se hizo el traspaso de la caja ju bilatoria a la Nación en la época de Lafalla, la Provincia se hacía cargo de la diferencia.

Luego en abril de 2008, durante el gobierno de Jaque, se firmó un acuerdo por el cual se dieron por terminados los juicios por indexación y se equipararon los in¬gresos de los jueces provinciales con los nacionales al incluirse dentro del régi¬men de la Ley Nacional 24.018.

“La jubilación con el 82% no es un privilegio. Está contemplada dentro de una ley ordinaria y se accede luego de cumplir la edad que corresponde, tener 30 años de aportes y 20 años en el ejercicio de la actividad. Es decir no se accede a esta jubilación por haber estado como juez dos años. Son dos situaciones incom¬parables”, diferenció Farruggia.

Dos “beneficios” en la mira

Los jueces, por una excepción conseguida, no hacen sus aportes a la OSEP, la obra social a la que giran sus aportes en forma obligatoria el resto de los empleados y funcionarios del Estado. Según las cifras que maneja la Subsecretaría de Hacienda, la OSEP deja de percibir $360.000 mensuales porque los jueces no aportan a la obra social de los estatales.

En números

Si bien los jueces provinciales gozan del beneficio de jubilarse con el 82porciento de sus ingresos, ellos lo han tenido desde siempre.

En abril de 2008 firmaron un acuerdo con el Gobierno provincial que les permitió volver a equiparar sus condiciones con las de los jueces nacionales, a través de la ley 24.018.

El Estado gasta $5,9 millones por mes para pagar el sueldo de los 384 jueces que tiene la provincia.

De esa cifra $3,7 millones se corresponden al pago de los sueldos, sin incluir la antigüedad.

Mientras, $2,2 millones se utilizan para afrontar el pago de la antigüedad

Buscan más controles

Desde el año pasado la Legislatura ha impulsado una serie de proyectos de ley en los que intenta controlar la actividad de los jueces.

Hace pocas semanas el Senado le dio media sanción a un proyecto por el que se busca congelar la jubilación de los jueces cuando alcancen la edad del retiro. Ahora el proyecto deberá ser discutido en Diputados. El segundo proyecto busca condicionar el beneficio del receso de invierno a los juzgados que no cumplan los estándares de rendimiento. Este proyecto está en discusión en Comisiones del Senado pero aún no consigue el consenso suficiente para ser discutido en el recinto.

Por otro lado ayer el Senado intentó darle media sanción a una ley que busca ampliar las posibilidades de sanción a los jueces que tengan mal desempeño. Esto implica modificar la ley de Jury de Enjuiciamiento, de manera que los miembros de la comisión de Jury tendrán la posibilidad “de aplicar un correctivo que guarde relación proporcional con la conducta observada”.

“Se trata de una nueva asignación de facultades del Jury”, según se expresa en los fundamentos del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

En el análisis del proyecto han surgido diferencias de criterios, “algunos legisladores consideran que la Corte ya tiene atribuciones para establecer sanciones a los jueces, por lo tanto no debería ser el Jury el que dicte sanciones”, explico la presidenta provincial del Senado, Miriam Gallardo.

 

Sara González sgonzalez@diariouno.net.ar

Nota extraída de Diario Uno

 

 


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