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Actualizado el Jueves 14 de Marzo de 2019


Giménez NO Puede Ser Candidato a Intendente….Pero SI


El Fiscal de Estado, Fernando Simón presentó un dictamen donde considera que se debe rechazar la acción de inconstitucionalidad presentada por Jorge Giménez y otros mandatarios municipales, pero a su vez sugiere acceder a las legítimas aspiraciones de los intendentes de ir por la reelección

Ante de la audiencia de conciliación, el Fiscal de Estado ratifico su postura histórica y señaló: "Oportunamente rechace la acción de inconstitucionalidad intentada". Es decir, recomienda que la Corte de Justicia rechaza el planteo de intendentes peronistas, entre los que se encuentra Jorge Omar Giménez. Pero a su vez contempla que cualquier decisión del máximo tribunal debería tener en cuenta el actual proceso electoral (en el que ya se inscribieron los cuatro justicialistas), por lo que sugiere resguardar "las legítimas expectativas" que tienen los intendentes.

¿Sin vencedores ni vencidos?

El dictamen del Fiscal de Estado es importante pero no es vinculante con el fallo que deberán emitir los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, pero teniendo en cuenta que el próximo jueves 14 se realizará una audiencia de conciliación entre las partes Ejecutivo Provincial y los cuatro Intendentes, para dirimir el pleito que los enfrenta con el gobierno por la restricción que establece el artículo 198 de la Constitución, modificado por el gobernador Alfredo Cornejo el año pasado, les brinda a las partes terminar en empate sin vencedor ni vencidos.

Como en la pirinola todos ganan

a)      Por un lado el gobierno de Cornejo logra el objetivo de modificar el artículo 198 de la Constitución donde limita las reelecciones indefinidas.

b)      Por otro lado, los intendentes que presentaron la acción de inconstitucionalidad ir por otro mandato, podrán ir por última vez ya que está en marcha el proceso

c)      También ganan los ministros de la Suprema Corte de Justicia ya que aceptando el fallo del Fiscal de Estado logra una conciliación entre las partes y evitan un conflicto de poderes que podría llegar a instancias superiores

d)      Según algunos analistas también ganaría la institucionalidad de la Provincia

Definiciones del Fiscal de Estado

"En el análisis del sentido del término “electores”, Fiscalía siguió los métodos de interpretación literal o gramatical, auténtica, según la voluntad del constituyente, sistémica y consecuencialista, para concluir que “la interpretación más adecuada del art. 223 de la Constitución de Mendoza -asumiendo que no resulta la única posible- es aquella que asimila el término “electores” allí utilizado a “votantes”, es decir a aquellos ciudadanos inscriptos en el padrón electoral que efectivamente emitieron su voto en forma válida.”

"A efectos de calcular las mayorías requeridas, los votos emitidos a favor y en contra, como también los votos en blanco, ya que estos últimos resultan válidos según el régimen electoral e implican el cumplimiento por parte de los ciudadanos de su deber constitucional y legal de votar. En sentido concordante, se concluyó que “No corresponde por tanto computar a tales efectos a los ciudadanos empadronados que no cumplieron con su obligación, en tanto ello implica otorgar efectos de la máxima trascendencia a una conducta ilegal y antijurídica.”

"En el referéndum del art. 198 producido en 2009 votaron válidamente 914.450 ciudadanos sobre un padrón electoral de 1.185.318. Los resultados fueron: 555.682 votos afirmativos, 113.755 votos negativos y 245.013 votos en blanco. Consecuentemente, según la interpretación que esta Fiscalía entiende adecuada, resultará que expresaron su voluntad a favor de la enmienda el 60,77 % de los electores, debiendo por tanto considerarse que la misma alcanzó la mayoría requerida por la Constitución para su aprobación".

La opinión del Fiscal de Estado concluye: "En el caso que la Corte rechace la inconstitucionalidad planteada y por tanto modifique su anterior opinión sobre el tema, “deberán contemplarse expresamente, y con gran prudencia, los efectos del cambio de doctrina del Tribunal respecto de los procesos electorales en curso y de los actos que en ellos se hubieran ya producido, generando legítimas expectativas -sea respecto a los actores como a los electores en general-”, por tanto “consideramos que debe evaluarse cuidadosamente la conveniencia y justicia de disponer que la sentencia a dictarse tendrá efectos futuros, preservando la validez de los actos realizados y en curso".


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