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Actualizado el Viernes 10 de Enero de 2020


El Valor de la Coherencia


Algunos de los legisladores de Tierras del Este, más allá de las especulaciones políticas votaron de acuerdo a sus principios, desafiando un sistema de partidos y pertenencias que es poco usual.

En tiempo que la borocotización de la política es la moneda corriente, que aparezcan legisladores coherentes es una rareza que vale la pena destacar. Los discursos pre-electorales pueden ser un arma en contra de los candidatos que se animaron a difundirlos, por eso la mayoría, luego de obtener la candidatura guardan un prudente silencio ya que consideran que al votante no le interesa la opinión de los candidatos a legisladores (nacionales, provinciales o municipales). En algunas oportunidades resultan electos sin haber pronunciado una palabra.

Aquellos que son leales a sus principios y se animan a difundirlos son los verdaderos representantes que le dan contenido a la democracia representativa. Los que se prenden de las estructuras partidarias para lograr sobrevivir en la actividad política son sólo funcionarios que les interesa mantenerse para vivir prendido de la teta del estado.

En nuestra provincia hubo legisladores que respondieron a la conducción política de Rodolfo Suarez, ellos a pesar de sus convicciones de la conveniencia de desarrollar la actividad minera, acompañaron la estrategia del gobernador de replegarse para volver avanzar en un momento más conveniente, eso es una forma de coherencia que le quita brillo al legislador que la ejerce.

Otra de las formas de ejercer la coherencia es defender sus creencias más allá de sus propias conveniencias.

En los últimos días del año anterior, el sistema representativo sufrió un duro golpe, ya que los representantes que deberían interpretar la voluntad popular, claudicaron ante el reclamo de un grupo de personas que con razón o sin ella hicieron oír sus voces. 

La ley que autorizaba químicos en la actividad minera, a poco de ser sancionada y promulgada, feneció sin pena ni gloria. Desde la redacción de ARNDiario rescatamos que algunas personas que elegimos para que nos representaran fueron coherentes con sus principios y creencias.

No es fácil enfrentarse a los aparatos partidarios, tampoco es fácil enfrentarse a manifestantes que pretenden representar a la mayoría de las personas.

A pesar de que vivimos en una zona sísmica, en Mendoza la grieta que se detectó no es tan grande como la que se verifica a nivel nacional, sin embargo una parte de la sociedad (no la mayoría) tomó partido en favor o en contra de la Ley 7722.

 

 

Senador Fernando Alim                                                      Senador Bartolomé Robles 

En el primer debate los senadores Fernando Alim (PS-Cambia M) y Bartolomé Robles (PJ) en la cámara alta desafiaron a las estructuras políticas votando en contra de la modificación de la Ley 7722. Seguramente no fue fácil ya que la modificación de la Ley se había consensuado en las cúpulas partidarias de la UCR y el PJ, luego de años de trabajo. Sin embargo, con razón o sin ella, los senadores no estaban de acuerdo y votaron en consecuencia. Un caso similar se dio en la Cámara de Diputados donde Cristina Pérez y Laura Soto votaron en contra de la modificación.

Diputadas Laura Soto y Cristina Pérez

Luego de sancionada y promulgada la Ley, Bartolomé Robles al detectar el descontento de los manifestantes, consideró que la nueva Ley no gozaba del consenso social necesario para continuar adelante con el proyecto que habilitaba a las empresas mineras a utilizar productos químicos en el proceso extractivo y por ese motivo redactó un proyecto para dejar sin efecto la ley 9209 y le solicitaba al gobernador que la hiciera suya y lo enviara a la legislatura para su aprobación. Tenía que recurrir al gobernador ya que en sesiones extraordinarias sólo se pueden tratar los proyectos que tengan estado parlamentario o los enviados por el Poder Ejecutivo.

Mientras esto sucedía desde la cúpula del Partido Justicialista, aquellos que habían impulsado la modificación de la Ley 7722, tomaban distancia del gobierno y no brindaban el apoyo necesario para difundir los argumentos y fundamentos por lo que se había avanzado para sancionar una nueva norma legal. El mismo presidente del justicialismo mendocino Guillermo Carmona le pidió al Gobernador Suarez que no se avanzara en el decreto reglamentario.

Por otra parte desde el partido gobernante, muchos de los que habían llegado de la mano de Suarez y Abed, al observar las manifestaciones y con el miedo lógico de que se desmadrara la protesta, como sucedió en Chile, comenzaron a tomar distancia sugiriendo que se reviera la decisión tomada, a pesar de que uno de los ejes de la campaña de Cambia Mendoza era agrandar la matriz productiva de la provincia, incorporando la actividad minera a la misma como una actividad legal que puede favorecer la generación de riquezas creando fuentes laborales reales.

Algunas de las protestas sociales fueron violentas, a pesar de que la mayoría se manifestaba en forma pacífica. En las redes sociales la agresividad fue una constante y comenzaron con un estilo fascista pocas veces visto, intentando escrachar a los legisladores que habían votado a favor de la actividad minera. El debate que se estaba dando en las redes carecía de valor científico ya que se estaban utilizando datos apócrifos o artículos segmentados. Se registraron amenazas al gobernador y a su familia, mientras que hostilizaban a legisladores y a su entorno familiar.

Ante esta realidad y con el antecedente de lo sucedido en Chile el gobernador Suarez tomó la determinación de realizar una ronda de consulta con diferentes actores de la sociedad para que dieran sus argumentos y tratar de llegar a una solución consensuada. Se convocó a la Iglesia católica ya que sus autoridades se habían expresado al respecto. En el primer día de consultas acudieron las reinas de la vendimia (mandato cumplido) que días anteriores habían sugerido dejar de hacer la Fiesta de la Vendimia en señal de protesta. Un grupo de personas de la Asamblea del Agua acudió a una reunión pero no dialogaron ya que presentaron un escrito donde exigían una serie de renuncias y que se diera marcha atrás con la Ley 9209. En paralelo aumentaban las reuniones - (auto convocadas) - para protestar y así como aumentaban las reuniones, aumentó la virulencia de los manifestantes.

El único aporte serio al debate llegó desde el Sur

Apareció una propuesta desde Malargüe donde sugerían al gobierno provincial que se sancionara una nueva norma prohibiendo el cianuro en las explotaciones mineras y que sólo se autorizaran los trabajos en ese departamento excluyendo la zona de las cuencas del Río Salado y el Río Atuel. En Malargüe también se registraron manifestaciones pero en este caso en favor de la minería.

Intendente de Malargüe Juan Manuel Ojeda 

En la reunión que Suarez y Abed mantuvieron con los intendentes se comunicó la determinación de enviar a la legislatura una nueva norma legal que dejara sin efecto la Ley sancionada recientemente. Además le comunicaron a los legisladores del oficialismo la postura adoptada dando como argumento que la principal función del Estado es preservar la paz social, y que esta medida descomprimiría la presión que estaban ejerciendo, ya que de continuar con el diálogo sería improductivo por las posiciones irreductibles de las partes.

El lunes sesionó la Cámara de Senadores y la mayoría que había votado a favor de la norma votó para dejarla sin efecto. Solo dos senadoras oriundas del departamento de Malargüe, Hilda Quiroga (PJ) y Gladys Ruiz (Cambia Mendoza), mantuvieron la postura. Mientras que en la cámara baja, los diputados Guillermo Mosso (PD), Josefina Canale (PD), Hebe Casado y Gustavo Cairo (PRO) fueron los que votaron en contra de la derogación de la Ley 9.209,

Cairo fue quien argumentó la negativa recordando que durante la campaña desarrollada en las últimas elecciones el fomento a la minería fue el eje de dicha campaña, por la cual la misma tiene una base legítima. “A pesar de eso, el Gobernador Suarez priorizó uno de los postulados del preámbulo que es garantizar la paz interior para evitar la movilización en las redes sociales y en las calles, donde muchos de los manifestantes que se expresaron en contra de esta norma lo hicieron de buena fe pero con poca información, o con información errónea de lo que se estaba proponiendo y lo que se pretendía para la provincia de Mendoza”. Además dijo: “También es cierto que determinados sectores de la política que postulan la revolución permanente participaron activamente ya que para ellos todo lío viene bien. Aparte de ellos aparecieron algunos sofistas que se encargaron de desinformar a la gente de buena fe.

Diputado Gustavo Cairo 

Más adelante manifestó: “No voy a renunciar a otros de los postulados que marca la Constitución Nacional que es el bienestar general, y el bienestar general en nuestra provincia no alcanza con las tres actividades que se realizan como la agro-industria, el turismo y el petróleo, hace falta la cuarta pata que es la actividad minera. Espero que cuando los legisladores autoricen la explotación del cobre, la fibra óptica no lo haya reemplazado totalmente”.

Con respecto al medio ambiente Cairo recordó a los legisladores presentes que en el futuro se regulará el río más caudaloso de Mendoza con la presa Portezuelo del Viento. “En la actualidad el Río Grande pierde todo su caudal en el océano Atlántico y no he visto que nadie haya reclamado por esa agua, (el caudal del río Grande es superior a todos los ríos de la provincia)”. Continuando con el tema de los ríos les dijo: “Hay ríos que se han perdido en parte del territorio provincial y no por la minería, porque esta actividad no se ha desarrollado. El Río Tunuyán inferior es un ejemplo, su agua prácticamente no llega a Santa Rosa y muchos menos a La Paz y no es por la minería, es por el mal uso que se da en el riego por la ineficiencia en la administración del agua. Con el Río Mendoza pasa algo similar ya que el caudal en Lavalle casi es inexistente. Por eso si queremos hablar del agua de los mendocinos, hablemos seriamente, tratando de generar recursos para construir las obras necesarias para honrar y cuidar el agua de Mendoza”.

Por otra parte consideró que en toda esta cuestión “Malargüe es el pato de la boda”. Cairo justificó a las autoridades de Malargüe de no participar de la fiesta de la vendimia, “ya que ese departamento es un enclave patagónico que tenemos la suerte de tener, el más rico de Mendoza y nos damos el lujo de no aprovecharlo, cuando la gente de Malargüe pide por favor que le demos la oportunidad de poder producir para ellos y para la provincia. Malargüe a pesar del poco apoyo, desde hace tiempo colabora con la economía provincial y nacional con la producción de gas y petróleo”.

“A pesar de ponderar la actitud muy generosa del gobernador de propiciar la paz interior con la derogación de esta norma, adelanto mi voto por la negativa pero sigo con el compromiso de trabajar para que por lo menos le permitamos al departamento de Malargüe desarrollar la actividad con todos los controles necesarios, ayudemos a los malargüinos para que nos ayuden a todos.”

Habiendo descripto lo más ampliamente posible el tema, volvemos al tema del Valor de la Coherencia, como habitante de Tierras del Este, destaco la actitud de los legisladores de la región que con diferentes matices mantuvieron sus posiciones originales, como los senadores Fernando Alim (PS –Cambia Mendoza) Bartolomé Robles (PJ- Somos Todos) las, diputadas Cristina Pérez y Laura Soto (PJ-Somos Todos) y Gustavo Cairo (PRO-Cambia Mendoza). Cada uno de los legisladores mencionados, en algún momento del proceso de sanción y derogación de la Ley 9.209, tuvieron que enfrentar a sus estructuras partidarias para hacer prevalecer lo que a su leal saber y entender consideraban que eran las posturas correctas.

Carlos Fuertes para la Agencia Regional de Noticias.  


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