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Actualizado el Domingo 18 de Diciembre de 2022


Una semblanza a 138 años de la sanción de la Ley de Aguas de Mendoza


Por Matías Edgardo Pascualotto. Máster en Historia de las Ideas Políticas. Autor del libro “Las políticas hídricas y el proceso constitucional de Mendoza”.

El 16 de diciembre del año 1884 se cerrará para Mendoza todo un ciclo evolutivo en lo relativo a la gestión de su recurso hídrico, propiciándose un instrumento jurídico que devendrá en sostén para una nueva época, y el cual estará dado por la sanción de la ley general de aguas para la provincia.

Tal como he destacado anteriormente, Mendoza cuenta con improntas para la administración de sus aguas desde la época prehispánica, y a sólo cincuenta años de la fundación del poblado hidalgo en el siglo XVII, se nombrará un alcalde especial para gestionar la materia hídrica.

Pasada la época colonial, y haciendo un gran salto en el tiempo, veremos nacer, a partir de la tercera década del siglo XIX, distintos reglamentos para la administración del recurso, habida cuenta de la ampliación de los espacios irrigados y de la creación de nuevos asentamientos productivos fuera del área metropolitana de Mendoza, tales como el Reglamento para el canal El Retamo para la Villa de San Martín, proceso que culminará, en el año de 1844, con la sanción del primer reglamento general para la administración de las aguas en las postrimerías del gobierno de Aldao.

No obstante ello, el pináculo de esta evolución reglamentaria llegará cuarenta años después con la sanción de la Ley General de Aguas para la Provincia de Mendoza sancionada en 1884, la cual, si bien cuenta como antecedente inmediato con el reglamento habido durante el gobierno de Aldao, lo supera ampliamente en técnica, postulados e instituciones.

Con influencia del proyecto de 1860 y el de Julián Barraquero de 1881,  de la ley de aguas española, y teniendo en cuenta el bagaje histórico local de necesidades y experiencias prácticas, esta ley presentará una impronta que aún mantiene su vigencia.

Instituciones como el Departamento General de Aguas, con la figura de su superintendente, tomeros y compartidores como protagonistas, entre otros, tienen su lugar en dicha normativa. Por otro parte, cuestiones relativas a la gestión participativa en la gestión hídrica por los regantes, constituirán su sello personal, lo cual será posteriormente receptado por la Constitución provincial.

Con casi 140 años de antigüedad, vigente en sus principios y con algunas falencias en su aplicación práctica en algunos momentos de su historia, propias de toda creación humana,  la ley de aguas de Mendoza es parte inseparable de nuestro patrimonio institucional. 

Por Matías Edgardo Pascualotto. Máster en Historia de las Ideas Políticas. Autor del libro “Las políticas hídricas y el proceso  constitucional de Mendoza”.

Ilustraciones: Matías Edgardo Pascualotto


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