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Actualizado el Lunes 13 de Mayo de 2024


Constructora sanrafaelina no tiene en cuenta la inflación.


Gracias a la influencia de sus propietarios o los funcionarios de San Rafael, una constructora sacó una importante ventaja con la remodelación de una plaza en ese departamento, según lo denunció el Senador Armando Magistretti.

El PD denuncia un millonario "error de cálculo" del Tribunal de Cuentas

El senador Armando Magistretti presentó una denuncia ante Fiscalía de Estado por graves irregularidades en la remodelación de una plaza en San Rafael. El origen de las sospechas.

En el año 2022, la Municipalidad de San Rafael le abonó indebidamente 2.3 millones de pesos a una empresa constructora y el Tribunal de Cuentas lo detectó al auditar ese ejercicio. Sin embargo, el mismo Tribunal de Cuentas dio por salvado el reparo porque en el año 2024 la empresa constructora depositó en la tesorería del municipio esa misma cifra: 2.3 millones de peso. Lo que motivó la denuncia del senador del PD Armando Magistretti es que no se tuvo en cuenta la inflación que existió desde que la empresa recibió el dinero y el momento en el que lo devolvió sin ningún tipo de actualización. Magistretti presentó un pedido de informes en la Legislatura pero no prosperó, por lo que directamente decidió acudir a Fiscalía de Estado afirmando que el perjuicio a la comuna rondaría los 12 millones de pesos.

"Mi pedido de informes en el Senado sobre fallo del http://H.T.de Cuentas-Ejcio. 2022 Munic. de San Rafael, fue enviado a dormir a comisiones por la UCR a pedido del PJ. El 10 de Mayo presenté una denuncia en Fiscalía de Estado para que investigue la actuación del H.T.C", argumentó el legislador ganso. En concreto, entiende que existe una connivencia política entre radicales y peronistas para tapar el tema.

El fallo en cuestión es el 18.022 en el cual queda constancia que la Municipalidad de San Rafael realizó un pago ilegítimo de mayores costos a la compañía Nihuil Construcciones S.A por la "Remodelación de la Plaza del distrito de Rama Caída en su segunda etapa". La obra tenía un presupuesto de 6.8 millones de pesos pero la empresa constructora hizo un pedido de otros 2.3 millones de pesos por "mayores costos". A pesar de que en la licitación se establecía claramente que no se reconocerían mayores costos a la empresa adjudicataria, el municipio no dudó en autorizar el desembolso.

Los auditores del Tribunal de Cuentas aseguraron que "los responsables no han justificado las razones por las cuales en sus pliegos expresamente se establece el no reconocimiento de Mayores Costos y luego fueron abonados". "Además la solicitud efectuada por la Contratista, tampoco fundamenta el pedido de variación de precios, limitándose a demostrar la variación de precios de acuerdo al INDEC" , adhiere el informe. Por ese motivo entendían que era necesario dejar constancia de ese procedimiento administrativo irregular e incluso exigir un reparo a la comuna "por el importe de $2.384.751,25 pagado por el municipio en concepto de reconocimiento de mayores costos en favor de la contratista".

El punto que escandalizó al senador del Partido Demócrata es que el Tribunal de Cuentas dio por salvado el reparo luego de que la empresa, en el año 2024, depositara $2.384.751,25 en la cuenta de la tesorería de la comuna. Es decir, se reconoció que no debían haberle pagado ese monto y la compañía lo devolvió casi dos años después de haber recibido el dinero. Ante esa situación, el Tribunal de Cuentas dio por terminado el asunto y le puso una multa al intendente interino y otros exfuncionarios.

Para Armando Magistretti existe una evidente irregularidad en esa decisión porque no se aplicaron actualizaciones por inflación a ese pago por mayores costos. "Teniendo en cuenta el alto proceso inflacionario de los dos últimos años, se podría estar ocasionando un perjuicio a la hacienda pública de la Municipalidad de San Rafael al reintegrarse los fondos cuestionados a valores nominales y no actualizados", esgrimió el legislador y calculó que lo que en 2022 eran 2.3 millones de pesos, a valores de hoy equivaldría a unos 14.1 millones de pesos.

"Es de sentido común y de estricta justicia que quien devuelve una suma percibida reconociendo su ilegitimidad al momento del cobro, lo haga con intereses o actualizado", advirtió y presentó un pedido de informes en la Legislatura. Pero ese pedido no prosperó y quedó cajoneado, por lo que ahora decidió acudir a Fiscalía de Estado para que revise el proceso y evalúe un posible perjuicio al erario público de la comuna de San Rafael.


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