La Clase Media Prisionera de Algunos Profesionales

Diferentes medidas regulatorias benefician a algunos profesionales pero terminan perjudicando a la clase media que es quien motoriza la economía del País y también lleva sobre sus hombros el peso de los subsidios que le dan a los más ricos y a los más pobres.

La opinión de los verdaderos representantes de los vecinos

Es saludable que órganos como los concejos deliberante, que representan a los vecinos levanten la voz a favor de la coherencia y del sentido común. 

Enrique Pfaab del diario Uno publicó la siguiente nota:

SAN MARTÍN– Los profesionales de la construcción de la zona Este se revelaron contra las cámaras que los nuclean y cuestionaron la próxima aplicación de la ley que pone un mínimo para el cobro de sus honorarios. Dicen que el 80% de la población no los podrá pagar y que se incrementará la construcción ilegal. 

Los concejos deliberantes de Junín, Rivadavia, La Paz, Santa Rosa y Lavalle ya se expidieron en apoyo a los profesionales que no aceptan esta ley, que como ejemplo impone que el profesional que haga los planos y dirección de obra de una casa de dos dormitorios no podrán cobrar menos de $11.733. “Quieren que trabajamos para una élite”, dicen. 

Mientras los colegios publicitan la ley bajo el lema “Una medida bien tomada”, los profesionales de la construcción del Este entienden que “nuestra profesión es un servicio social y por lo tanto toda la población tiene derecho a recibirlo” y por ende “con la aplicación de esta medida no tan bien tomada una franja de la población quedaría fuera de la posibilidad económica de ejercer este derecho”, dijeron a través de un comunicado que lleva la firma de una veintena de arquitectos, ingenieros y maestros mayores de obra, entre otros.

La inquietud del sector provocó que el Concejo Deliberante de Junín, primero, y luego los de Rivadavia, Santa Rosa, La Paz y Lavalle sacaran una resolución en donde solicitaron a los departamentos ejecutivos de cada Municipio a realizar las gestiones ante el Gobierno provincial “para suspender la aplicación de la ley 8171/10” hasta tanto “se corrijan las distorsiones de los honorarios mínimos y éstos sean compatibles con la realidad socioeconómica de la provincia”. 

Los argumentos

Según el criterio de los profesionales, “las cámaras están impulsando con esta ley a que se trabaje y se construya en la clandestinidad ya que el 80% de la población no va a poder pagar honorarios tan altos”, dijo ayer el ingeniero Jorge Sosa, profesional afectado y presidente del Concejo Deliberante de Junín. 

“Le están quitando a la gente la esperanza de poder construir su casa o ampliarla, ya que deberá ahorrar todo un año sólo para pagarle al profesional”, agregó, y subrayó que “nos impulsan a cometer una falta ética por negarnos a prestar un servicio público, especialmente aquellos que hemos estudiado en una universidad estatal”. 

Los profesionales cargaron las tintas especialmente contra la Cámara Argentina de la Construcción, el IPV y las cámaras provinciales, que “establecen como índice $2.800 el metro cuadrado construido. Un precio inflado. En Córdoba el precio del metro cuadrado es de $750 y ese es el índice para fijar los honorarios”, sostuvo Sosa. 

El temor de los profesionales es que ante la imposibilidad de pago la mayoría de los particulares que quieran construir especialmente ampliaciones u obras de poca superficie directamente prescindan de sus servicios. Esto generaría además un serio conflicto entre las comunas y los vecinos, ya que son las municipalidades las que controlan y ejercen el poder de policía en estos casos. “La ley está hecha para grandes empresas y para particulares con fuerte poder adquisitivo. El resto queda afuera”, dicen los que se oponen a su aplicación a fines de julio. 

Regular para beneficiar a unos pocos en desmedro de la mayoría

En Nuestro País se han regulado muchas actividades, podemos recordar cuando estaba limitada la cantidad de farmacias que debía haber en determinadas localidades. O con respecto a determinados emprendimientos económicos donde el Estado tenía que autorizar el mismo y participar como socio. (Recordemos que un proyecto como la instalación de una fábrica para elaborar Soda Solway fracasó por los impedimentos que pusieron los burócratas a lo largo de la historia). 

Para Muestra Vale un Botón

Para muestra vale un botón dice un proverbio popular, a continuación mostraremos algunos botones que le pueden servir de ejemplos:

* En la actualidad cuando compramos un auto debemos pagar a un gestor una parte proporcional del valor de la transacción.

* Cada vez que se vende una propiedad se debe hacer un plano de mensura nuevo, ¿Qué modificaciones catastrales podría sufrir un departamento para tener que hacer un plano nuevo?, ¿por qué se deben pagar honorarios regulados por un colegio de profesionales?

* Los escribanos cobran sus honorarios en base al valor de la propiedad ¿acaso el trabajo que realizan los profesionales no es el mismo cuando hacen una escritura por un lote de 100 m2 a lote de dimensiones superiores? ¿por qué los profesionales deben participar del negocio de los que venden o compran?

* Cuando se recurre al servicio profesional de un abogado se debe pagar una parte para la caja forense (jubilación de los abogados).

* Así podríamos enumerar otra serie de reglamentaciones que benefician a los profesionales y terminan perjudicando a la clase media que es quien en definitiva paga las regulaciones impuestas por las leyes que gestionaron los colegios de profesionales. 

Una Buena Medida ¿A favor de Quién?

En la actualidad a estas muestras se debe sumar una más que quizás es más peligrosa que las anteriores ya que los ingenieros consiguieron que los legisladores (que deberían ser representantes del pueblo) sancionaran la Ley Provincial 8171/2010 que establece honorarios que la mayoría no podrán pagar. Decíamos que esta regulación puede llegar a ser peor que las otras ya que esta Ley también perjudicará a los profesionales que se desempeñan como independientes ya que los elevados honorarios impuestos por el decreto reglamentario dejarán fuera de competencia a muchos profesionales.

Esta medida sin lugar a dudas favorecerá la construcción clandestina, ya que muchas personas no podrán pagar los honorarios que regulan desde el Colegio de Ingenieros. Esto es sumamente grave sobre todo si se tiene en cuenta que la Provincia de Mendoza es una zona sísmica y se debería evitar todo tipo de construcción que no esté debidamente controlada por un profesional, pero también es cierto que las personas que hasta hoy pactaban libremente los honorarios con el Ing. No podrán seguir haciéndolo ya que estos deberán tributar montos que están fuera del mercado.

Perjudicar a muchos para beneficiar a unos pocos 

Si finalmente entra en vigencia la Ley con su decreto reglamentario un profesional no podrá cobrar menos de $12.500 por el cálculo, los planos y la dirección de obra en la construcción de una vivienda de 60 m2. A estos honorarios, hay que sumarle los gastos de impuestos y caja previsional por lo que el monto ascendería a $15.000. De esta manera, los honorarios mínimos rondarían el 50 % del gasto de materiales y/o mano de obra. Esto muestra a las claras que la Ley que debería beneficiar a la mayoría sólo estaría beneficiando a las grandes empresas o a los estudios de una amplia trayectoria, dejando fuera del mercado a los que trabajan en forma independiente o los recién egresados, pero fundamentalmente a los usuarios. ¿Cómo podrá pagar estos honorarios una persona que recibió una casa del IPV y ahora necesita una ampliación de una o dos habitaciones?

En estos días el presidente del Concejo Deliberante de Junín Jorge Sosa mantendrá una reunión con el Ministro de Infraestructura Francisco “Paco” Pérez para interiorizarlo sobre el asunto y tratar de convencerlo que no es conveniente la entrada en vigencia de la Ley con su reglamentación, hasta tanto se corrijan las distorsiones de los honorarios mínimos y que éstos sean compatibles con la realidad socioeconómica de la provincia”.

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