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Actualizado el Viernes 09 de Marzo de 2012


Irrigación: Una Política de Estado o un Botín de Guerra


Uno de los símbolos distintivos de la Provincia de Mendoza es la administración del agua. Todo sería diferente de no existir la Ley de aguas

La ley de aguas de la Provincia, con más de un siglo de antigüedad, favoreció el desarrollo económico y social de todo el pueblo mendocino. Quizás llegó el momento de nuevos desafíos y se tendrá que modernizar la misma, para optimizar la administración del recurso más escaso de la humanidad, “EL AGUA”

El título de la nota hace mención a un botín de guerra. Resulta que en los últimos tiempos, desde la oposición e incluso desde el mismo oficialismo, aprovechando los desaciertos de las autoridades de irrigación y la pésima política comunicacional, iniciaron una campaña de desprestigio que no sólo manchó a las autoridades sino que incluyó a la institución. De ese botín de guerra trataron de aprovecharse varios grupos de poder. Algunos profesionales relacionados con políticos intentaron ponerle una cuota de credibilidad a las denuncias. Políticos leguleyos, aprovechando sus títulos de abogados, formularon denuncias sin sustentos que terminaron siendo archivadas por la falta de sustento legal.

En otros casos personas bien intencionadas colaboraron con la difusión de varias infamias y calumnias vertidas sobre los ocasionales directivos del DGI.

Un grupo de periodistas, motivados por posibles pautas, escribieron y comentaron hechos que sólo habían sucedido en la mente enfermiza de algunos denunciantes crónicos. En otros casos transmitieron lo que a su parecer era lo correcto. 

La forma de elegir las autoridades

Para entender el desarrollo de los hechos tenemos que clarificar algunas cosas, como por ejemplo, la forma de elegir las autoridades

¿Representante de quién?

Aparecieron en los últimos tiempos dirigentes gremiales empresarios que reclaman ingerencia en el momento de la designación de las autoridades de Irrigación. También lo hicieron algunos abogados que dicen representar a los regantes. Algunos intendentes sugieren que las autoridades tienen que salir de un consenso previo. En el mar de disparates que se están vertiendo, esto último parece ser lo más sensato. Eso de elegir a las autoridades por consenso, de hecho es lo que hizo (si bien no hay una legislación al respecto) durante mucho tiempo, aunque no lo exigieran las leyes. En la práctica, diferentes organismos estatales de la Provincia, tienen entre sus autoridades a personas provenientes de diferentes partidos políticos: estamos hablando del EPAS, EPRE, Instituto Provincial de Juegos y Casinos. En otros casos por imperio de la Ley se designa a personas provenientes de diferentes partidos como en la Inspección General de Seguridad.

En el caso que nos ocupa (DGI) es potestad del Gobernador de la Provincia proponer los nombres de las personas para ocupar la superintendencia de Irrigación, como así también los cargos de consejeros de los diferentes ríos para integrar el H. Tribunal Administrativo. Estos nombres son aprobados o rechazados por el Senado de la Provincia que en sesión secreta toma la decisión por cada uno de ellos. 

Demagogos, se arrogan la representatividad

Hoy son varias las personas que usando un discurso demagogo proponen que a estas se las elija por el voto popular, desconociendo que hay una Ley que exige otro sistema. En todo caso lo que se tendría que hacer es modificar la legislación vigente y modificar la forma de elección. Les recordamos a los políticos, empresarios y abogados que últimamente ponen bajo sospecha la forma de elección y la legitimidad de los elegidos, que el Artículo 22 de la Constitución Nacional dice “El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición”.

Las acciones y sus repercusiones

Se radicaron denuncias, se pidió un jury para el superintendente, se cuestionó la legitimidad de las autoridades del Tribunal Administrativo y se puso en duda la forma la legalidad de las autoridades constituidas.

Pero luego de todos estos hechos sucedieron algunas cosas, como un fallo de Fiscalía de Estado donde desmitificó los dichos de Miguel Mathus Escorihuela, un abogado (supuestamente conocedor del tema) que cuestionaba las decisiones tomadas por Eduardo Frigerio y por el Honorable Tribunal Administrativo (HTA) durante ese período. Uno de los fundamentos que esgrimió el ex Senador Nacional fue la falta de consejeros en el H. Tribunal Administrativo donde está contemplado que hayan 5 (Cinco) integrantes, y en los últimos tiempos funcionó sólo con 2 (Dos).

En una nota de opinión publicada en Diario Los Andes, Mathus Escorihuela manifiesta “Lo destacable es que han tenido estado público las irregularidades e ilicitudes existentes en el Departamento General de Irrigación. La calle le ha cambiado el nombre: ahora lo llaman la Cueva de Alí Babá. Si sus seguidores están adentro o afuera, o en ambos lugares, se sabrá con la investigación. Pero están. Existe un estado de sospecha sobre prácticas corruptas, actitudes patoteriles, amedrentamiento a funcionarios, técnicos y atropellos a regantes. El símil de un estado estalinista; algo nunca visto”. Ante estos dichos y por las denuncias presentadas la fiscalía de Estado emitió un fallo que en sus fundamentos destaca: De la investigación tramitada, surge con el grado de certeza requerido para que este acto que: a) no se advierte irregularidad en la constitución y funcionamiento del Consejo de Irrigación con el quórum de tres o más miembros, tal como lo ha hecho.

b) No se advierte irregularidad en las actas que lleva el Consejo de Apelaciones. …………pudiéndose constatar la inexactitud de los trascendidos que refería el denunciante en las constancias de fs. 86/88 en la medida en que las actas se encuentran concluidas en legal forma. No existen dudas que la denuncia consistió en meras especulaciones apoyadas por trascendidos infundados, sin que el denunciante tenga concreto conocimiento directo del asunto, no existiendo por ello mérito alguno en esta acusación que justifique la continuidad del procedimiento de instrucción en curso.

c) “no se advierte como irregular que sin quórum para sesionar y resolver los expedientes administrativos por parte del Consejo, los mismos continúen su trámite en las diversas dependencias del DGI que dependen de la Presidencia del Cuerpo” ….”Consiguientemente, tampoco existe en ese tópico causa alguna que requiera continuar la instrucción, no existiendo irregularidad alguna en las actuaciones producidas”

Sucesión del cargo

Con relación a la sucesión en el cargo de Superintendente el Fiscal de Estado manifiesta: d) No resulta irregular el reemplazo del Superintendente por el Presidente del HTA (honorable Tribunal Admnistrativo) en las actuales circunstancias de falta de quórum del órgano.

A pesar del dictamen de la Fiscalía de Estado los detractores continuaron con las declaraciones que algunos medios recibieron y las comunicaron como ciertas. 

La Fiscalía Especial también dijo lo suyo

El Fiscal Santiago Garay mandó las actuaciones al archivo con los siguientes fundamentos entre otros: No existen en la causa pruebas concretas que orienten la pesquisa hacia el accionar ilícito por parte de la cúpula del Departamento General de Irrigación relacionado a corrupción, concretamente respecto a pedidos de promesas, dádivas o dinero a los emprendimientos comerciales que solicitaron los permisos perforación en cuestión u inversamente el ofrecimiento por parte de ellos a los funcionarios. Tampoco se advierte un accionar que configure el delito previsto en el artículo 248 del Código Procesal (Abuso de autoridad y violación de los deberes de los Funcionarios Públicos) ya que todas las resoluciones fueron dictadas conforme a las constituciones o leyes nacionales y provinciales y no hubo incumplimiento de leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.

"En mérito de lo expresado resuelvo archivar estos obrados, de conformidad con lo normado por el artículo 346 del Código Procesal Penal por no constituir delitos los hechos denunciados". 

No me gusta el sistema y lo desconozco

Mientras el gobernador comenzaba su primer día de gestión anunciando la renuncia del superintendente de irrigación y se destrababa un conflicto. Que ya se había pronunciado el Fiscal De Rosas desde la Fiscalía de Estado. Que el Fiscal Especial Santiago Garay mandó al archivo un expediente por entender que no existen irregularidades denunciadas oportunamente, un abogado mendocino se manifestaba públicamente contra el sistema de elección y con las personas elegidas según la legislación vigente.

Un tal Marcelo Romano, al que algunos medios de comunicación le dieron un protagonismo muy grande, dijo en la LV 10 "siguen los problemas porque hay dedocracia, y eso no lo vamos a permitir los regantes. Hay que terminar con este sistema perverso", refiriéndose al sistema de elección que lleva más de cien años.

Cuando este mesiánico profesional de las leyes del que se sentiría avergonzado Alberdi fue consultado sobre las consecuencias del rechazo del Pliego de Álvarez en el DGI dijo: “No, al contrario, para nosotros sería una gracia que no tengamos superintendente, al contrario lo que estoy advirtiendo es que se llamen a reflexión y que sean maduros. En Argentina hemos padecido gravísimos problemas porque la partidocracia no es capaz de resolver los problemas reales de la gente y por ello la enemistad entre el poder político y la sociedad. No estoy alarmando sino pidiendo responsabilidades políticas y que aprueben el pliego de Álvarez porque no podemos estar sin superintendente, pero que no pidan a cambio de la aprobación un lugar en el Consejo de Apelaciones, que no sea una moneda de cambio”. 

La Dictadura no sirvió para nada.

Algunos antiguos afirmaban que hasta de los desastres se podía recuperar enseñanzas. Los antiguos se equivocaron ya que algunos soberbios contemporáneos desconocen el valor de respetar las leyes vigentes y proponen cambiar abruptamente las reglas de juego. Sin considerar que las revoluciones cambias las cosas malas pero también dejan de lado las cosas buenas. En el 76 cuando se produjo el golpe de estado algunos entendieron que nos esperaban años de prosperidad ya que se dejaban de lado las cosas malas que consideraban era producto de la tolerancia de las leyes, Desconociendo las leyes intentaron imponer su forma de pensar. El proceso produjo 30 mil desaparecidos (Más o Menos) y los problemas de la sociedad no se solucionaron. Aquellos que desconocieron las normas e intentan imponer sus propios criterios como el abogado Romano no entiendan la teoría de Charles Darwin que comenta la evolución de las especies y la adaptación de todas las formas de vidas a la evolución natural. Se debería considerar la conveniencia de respetar la legislación vigente y modificarlas mediante las reglamentaciones legales para adaptarlas a las nuevas tendencias. 

Defender la historia y los logros del DGI

El Departamento General de Irrigación se debe preservar y con el tiempo necesario adaptar su reglamentación mediante un consenso en serio donde las mentes más lúcidas de la Provincia trabajen para adecuar los objetivos y las formas de trabajo, donde se considere temas esenciales como la optimización del uso del agua tranqueras adentro. También se debería trabajar en modificar las formas de contralor, pero todo esto se debe realizar con discusiones previas donde los representantes del pueblo tengan las palabras y no sean influencias por soberbios sediciosos que se arrogan la representación popular sin fundamentos.

Las dudas que tratan de poner con respecto a las formas de gobierno y la elección de las autoridades sólo sirven para poner en duda el sistema de gobierno republicano, representativo y federal. Si bien es cierto que debemos trabajar para mejorar los sistemas de representación, también es cierto que lo tendremos que hacer es en forma gradual y no abrupta

Hacer Honor a la Historia 

Por último se deberá tener en cuenta el título de la nota- Irrigación: Una política de Estado o un botín de guerra. Para volver a tener en el tema del agua una política de estado más allá de las posiciones partidarias y sectoriales debe la dirigencia ponerse a la altura de la historia de los mendocinos y priorizar la administración del agua. Para eso tanto el justicialismo desde el gobierno como la oposición deberán deponer posiciones y acercarse a las diferentes posturas para llegar a un consenso fructífero para los mendocinos. Las autoridades y la oposición no deberán tener pruritos para parlamentar en pos de un acuerdo, no deben ser temerosos de los dichos y acciones de los demagogos que tratan de sacar provecho de determinadas situaciones coyunturales. También se deberá prestar especial atención a los dichos del Fiscal Especial Santiago Garay: "Levantar sospechas por la prensa es una tarea sencilla, mantenerla en sede judicial es otra bien distinta".

Carlos Fuertes para la Agencia Regional de Noticias


Etiquetas: irrigación, tribunal administrativo, superintendencia



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